By La Amazonia se destruye con complicidad del gobierno
María Jimena Duzán y Rodrigo Botero, presentaron un documento titulado “La agonía de la Amazonia en vivo”, en el que se evidencia lo que el Gobierno parece no haber visto o, según el decir popular, “lo que ha visto y de lo que es cómplice”. Es urgente pasar de la palabrería y detener la destrucción.
El campesino colono que tumbaba selva para producir comida y sobrevivir no es hoy el gran protagonista de la deforestación, tampoco lo es la reforma rural integral comprometida en el Acuerdo de Paz. Hoy el gran protagonista es el especulador predial, grandes capitales, inversionistas que, con recursos de diverso origen, contratan jornaleros a quienes proveen de motosierras para que vayan a tumbar monte. Les pagan por hectárea tumbada, quemada y con semillas de pasto esparcidas. Así se apropian del territorio.
Disidencias, ELN, narcotraficantes, paramilitares, inversionistas nacionales y extranjeros, todos juntos o cada uno por aparte, los que deforestan, no sabemos. Pero el Gobierno sí debe saberlo y su obligación es impedirlo.
El Gobierno tiene las herramientas para detectar a tiempo cuándo se está construyendo una carretera ilegal, cuándo se está tumbando una hectárea o de qué material son las casas de los jornaleros a sueldo que están talando el bosque. Por imagen satelital se sabe cuándo se tumban grandes terrenos que luego, cuando entra el verano, se queman. La imagen satelital es suficiente para llegar al punto, detener la tala y sacar al jornalero del área, pero esto es solo parte de la solución. El jornalero es un trabajador, el delincuente es otro.
No es cuestión de recoger la vaquita y el ternero de don Luis o don Jairo. Los hatos están pastando en grandes haciendas, muy bien cercadas, en lugares de “zonas de reserva forestal”. Si las autoridades retiran los grandes hatos, pronto vendrá la re vegetalización y el Gobierno puede contratar a los jornaleros para apoyarla, no solo en las zonas recién quemadas, sino también en las grandes haciendas ganaderas establecidas hace años en áreas que legalmente son zona de reserva forestal, en las que quedan muy pocos árboles y donde uno se entera de que el terreno es reserva forestal por los mapas, no por la estructura actual del paisaje.
El Gobierno debe dejar de ser alcahuete y está obligado a identificar quién está financiando la deforestación. Ese inversionista deforestador es un delincuente que está empobreciendo al país al destruir nuestro capital natural. No queremos que el año entrante se repita el video, mostrando nuevas quemas y hatos ganaderos que avanzan siguiendo trochas que luego se convierten en carreteras y estimulan la valorización predial, apropiada por el inversionista.
El Gobierno debe avisar y sobre todo cumplir que no realizará más titulación individual en la Amazonia. Al inversionista hay que pararlo, no darle la expectativa de titulación individual, no se le apoya construyendo carreteras y luego titulando la tierra.
Si queremos cumplir con la reforma rural integral se debe buscar una fórmula acordada con las comunidades para realizar entrega de áreas en concesiones de uso. De manera responsable, garantizando una cobertura boscosa mínima del 60% so pena de perder la concesión, se otorgarían espacios para producción sostenible a organizaciones campesinas.
Fuente: El Espectador
