By La legitimidad y confianza que se han perdido en el “Paro Nacional”
Colombia vive una situación crítica ocasionada por el mantenimiento de protestas, casi a diario, a lo largo de prácticamente toda su geografía desde el pasado 28 de abril.
Esto no es nuevo para nadie que vea las noticias o sea activo en las redes sociales, donde está constantemente bombardeado por noticias sobre todas estas movilizaciones, bloqueos, demandas de los manifestantes e intentos del gobierno para acercarse a estos y a sus representantes y poder finalizar con la crisis.
La pérdida de confianza en las instituciones
Se está viviendo, en primera instancia, una pérdida de los valores democráticos, pues se le hace ver al ciudadano que sus demandas pueden hacerse valer por medio de la fuerza, por medio de bloqueos en las carreteras y vandalismo en las ciudades, por medio del enfrentamiento con la policía y por medio de la imposición de una agenda económica y social por parte de distintos representantes, que no fueron elegidos por nadie, para obligar al gobierno, elegido democráticamente con un plan de desarrollo propio, a adoptar políticas contrarias a su visión y a su plan de país.
Adicional, en segunda instancia, el colombiano también se ha visto inundado de información de gran cantidad de fuentes, sea por medios tradicionales, medios menos conocidos y de nicho, o simplemente por denuncias de particulares, defensores y organismos de derechos humanos. Mucha de esta información frecuentemente es contradictoria, a lo que se llega a que mucha de esta es falsa o por lo menos es incorrecta, desajustada o descontextualizada. Lo que repercute en la pérdida de la legitimidad y reputación de las instituciones, como la de la fuerza pública en su labor de garantizar el orden público y la seguridad, a ojos de los ciudadanos.
Esto funciona como una bola de nieve: la misma desinformación genera la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en los medios de información tradicionales, lo que los lleva a decantarse por otros medios alternativos, los cuales tienen mayor potencial a tener una agenda política propia y a propagar información falsa, con el objeto de fortalecer su agenda. Esto, a su vez, es una amenaza para la cohesión social que una nación necesita para su funcionamiento. Cada grupo de ciudadanos, con intereses e ideologías diferentes consumen información diferente, la cual viene cargada políticamente y en muchas ocasiones puede contener noticias falsas.
El gran ejemplo puede ser la narrativa que se ha venido creando desde que iniciaron las protestas, a finales de abril, en la que se ha sostenido que las muertes producidas por miembros de la policía superan el medio centenar y que esto se debe a órdenes de los superiores tanto de la Policía Nacional, como del mismo gobierno; cosa que llegó a trascender hasta los titulares internacionales, sin siquiera comprobar si tal versión era verdad.
https://elpais.com/elpais/2020/09/16/migrados/1600262094_869115.html
Lo cierto es que según se calcula, desde el 28 de abril hasta el 4 junio, un poco menos de dos millones de personas han participado de las movilizaciones y se han registrado 12.478 actividades de protesta en todo el país, entre las que se cuentan 3.190 bloqueos en las distintas carreteras que comunican a las regiones, ciudades y municipios. De este total de actividades, el 11% se ha tornado violento, presentándose disturbios, saqueos, vandalismo y terrorismo urbano. Situaciones en las que, lógicamente, la policía tiene el deber de intervenir con el fin de garantizar la convivencia y los derechos, tanto de quienes participan en las protestas, como de los que no lo hacen.
De este universo, se han reportado 1.108 civiles lesionados, es decir el 0,05% del total de participantes. Ahora, queda en entredicho de este total de lesionados, quiénes participaron de las movilizaciones de manera legítima y quiénes más bien participaron en hechos de violencia contra otros, su propiedad, los bienes públicos o la misma policía.
Lo mismo se puede decir con las denuncias de desaparecidos, quienes, según la Defensoría del Pueblo, se estaría hablando de más de 500 casos inicialmente, pero en los que se ha aclarado, hasta ahora, la situación de unos 370. Muchos se encontraban en sus casas o sus trabajos, sin siquiera saber que estaban reportados como desaparecidos. Para el resto de casos, aún se encuentra activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU).
Frente a los muertos, la misma organización Human Right Watch ha mencionado que por lo menos 20 homicidios en las protestas se dieron por autoría de los miembros de policía. La vicepresidente Ramírez, dándole la razón, ha mencionado el número de 21 muertos, sosteniendo que se están priorizando las investigaciones de estos casos: en qué circunstancias sucedieron, si se trataron de violaciones a la ley por parte de los miembros de policía o si se estaba aplicando de manera legítima el uso de la fuerza. Y aunque estos números no deben permitirse y deben ser condenados, difícilmente se podría estar hablando de un trabajo sistemático y ordenado por parte de la Policía Nacional o el Gobierno.
Los bloqueos
Por otro lado están los actos ilegales como son los bloqueos, los saqueos, el vandalismo y demás.
Particularmente, en cuanto a los bloqueos, estos han afectado en gran medida el bienestar general de los colombianos, quienes luego de vivir uno de los encierros más grandes por la pandemia y que ya empezaban a reabrir sus negocios y a reactivar la economía, tuvieron que soportar, de nuevo, el bloqueo de sus vidas, de sus trabajos, de sus negocios.
Según el ministro de Hacienda, a 13 de junio, las pérdidas se calculan en unos 11,9 billones de pesos; lo que significa que los pobres de Colombia, que a finales de mayo se calculaban en 21 millones de personas, probablemente sean muchos más.
Prácticamente todos los sectores económicos del país están en rojo; por ejemplo Fenalco menciona que en el sector comercial las pérdidas son de 3,8 billones de pesos, miles de comercios han cerrado y cientos de miles de trabajadores ya no están empleados. El sector agropecuario también ha manifestado pérdidas de 3,8 billones de pesos, afectando principalmente a la población más vulnerable que hace parte de este sector.
Lo irónico es que las protestas, que iniciaron por diversas problemáticas, sobre todo las económicas, han arreciado estos problemas a una gran proporción de colombianos. Y lo más grave de todo es que estos nuevos desempleados y nuevos pobres a causa del Paro Nacional, serán nuevas personas que buscarán también pedirle y esperar algo al Estado.
Como una bola de nieve, las protestas no solo habrán podido deslegitimar al Estado a ojos de los colombianos e internacionalmente, sino que también ha reforzado sus demandas al hacer que más personas se hayan empobrecido por sus acciones ilegales, como son los bloqueos.
