By El Paro Nacional que está afectando a la población más pobre
Las protestas que vive el país, después de casi dos meses, se generaron sobre todo por una razón: manifestarse en contra de la Reforma Tributaria que estaba preparando el gobierno de Iván Duque que, entre los temas que, se decía, iban a afectar a la población en general era la aplicación del IVA en los productos de la canasta familiar, lo que haría que estos aumentaran su precio y afectaran al consumidor de estos.
Como es lógico, al ser el IVA un impuesto indirecto, es decir que no afecta a las personas, sino a los bienes y servicios que estos consumen, los que son más afectados por este impuesto son los que disponen de menos dinero para la compra de bienes y servicios, los más pobres de la población; de ahí la inequidad de este impuesto.
Sin embargo, lo que empezó como una manifestación social que buscaba que la Reforma Tributaria no afectara a la población más vulnerable de Colombia, que ya había sufrido suficiente a causa de las medidas de cuarentena, se convirtió irónicamente en una herida más para los más pobres del país.
El 27 de abril, un día antes del inicio de uno de los paros y protestas sociales más largos que se haya vivido en la historia reciente del país, los colombianos iban al mercado y encontraban productos de la canasta básica a precios relativamente estables. A diferencia de otros países del hemisferio, como Venezuela o Argentina, Colombia se destaca por una estabilidad casi envidiable en cuanto a inflación de precios se trata.
Días antes del “Paro Nacional” el costo promedio de una libra de tomates giraba en torno a los $2000 pesos, veinte días después su precio había aumentado un 75%, llegando la misma libra a costar unos $3.500 pesos en promedio. En el caso de la cebolla el precio se duplicó, pasando de $1.500 pesos la libra a $3.000 pesos.
Esto no es algo fortuito, sino que su causa se explica sencillamente por los lugares donde se dieron de manera más intensa las protestas sociales y sobre todo los bloqueos de las carreteras. El aumento de los precios de bienes básicos de consumo se dio sobre todo en aquellas regiones del país, donde estos bloqueos fueron más sistemáticos y duraderos.
Por ejemplo, Popayán fue uno de los municipios más afectados al vivir, pocos días después del inicio de las protestas, aumentos pronunciados en alimentos como pollo, papa, frijol, ajo o pescado. El departamento del Meta, por otro lado, también vio aumentos preocupantes en la carne, pasando $7.500 pesos a $12.000 pesos. Finalmente Cali, la ciudad más afectada, registró un incremento general de los alimentos en un 15,39%.
Esto no es una guerra económica, para usar términos del país vecino, pues sencillamente rige una ley básica de oferta y demanda: si los bienes escasean, sus precios tienden a subir.
Como bien lo indicó Corficolombiana a mediados del mes de mayo, la razón del aumento de los precios se dio por la caída en un 40% de los niveles de abastecimiento en prácticamente todos los mercados mayoristas de alimentos en el país.
Como ya fue dicho, estos aumentos de precios generados por los bloqueos, de la misma manera que lo haría un eventual aumento del IVA, afecta sobre todo a la población más pobre del país.
Ni hablar de la pérdida de tantos empleos debido a estos bloqueos. Si las empresas no pueden llevar sus productos y servicios a sus clientes, estos no les compran, obligándoles a despedir personal. Además muchas de estas empresas dependen de insumos de otras regiones o traídos del exterior, sin los cuales no les es posible desarrollar su cadena productiva, lo que también las obliga a despedir a varios de sus trabajadores, o peor, a cerrar sus puertas. Según calcula el Consejo Gremial Colombiano, a causa de los cerca de 3.000 bloqueos vividos en las carreteras colombianas, se podría estar perdiendo más de 800 mil empleos.
Es entonces irónica esta situación, pues parece entonces que estas protestas, que iniciaron con un objetivo legítimo, estarían haciendo más daño que las mismas reformas por las que se levantaron en primer lugar.
