¿Qué pasó con Chile un año después del estallido social?
En 2019, Chile vivió uno de los estallidos sociales más grandes de los últimos años, luego de tres meses de protestas, los chilenos consiguieron cambiar la Constitución Política, que fue redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
Hace un año, los chilenos estuvieron envueltos en una situación similar a la que está viviendo Colombia en este momento con el Paro Nacional, la cual terminó con grandes cambios económicos y políticos para sus ciudadanos.
Sebastián Piñera, para entonces anunciaba el incremento de unos $30 en el precio del tiquete de metro en Santiago, con lo cual el boleto iba a quedar en $830 (unos $4.300 pesos colombianos aproximadamente), lo cual generó un inmenso malestar entre la población chilena, que empezó a concentrarse para manifestar en contra de la decisión del Gobierno.
Durante los primeros días se presentaron multitudinarias manifestaciones en todo el país, que terminaron con enfrentamientos entre los civiles y los carabineros, que día tras día dejaron como saldo decenas de personas heridas y varios muertos en varias ciudades.
Aunque la decisión se reversó atribuyó a la volatilidad del dólar y de los precios del petróleo, la gente continuó marchando en las calles, exigiendo mejores condiciones económicas y sociales, a pesar de ser uno de los países con mejor calidad de vida en Sudamérica. Entonces se declaró el estado de alarma en el país y la militarización de varias zonas de Santiago.
La situación escaló al punto de que varias personas quemaron trenes y estaciones de la red de Metro, lo cual no impidió que continuara la protesta. Los chilenos se empezaron a quejar por los altos costos de vida, los precios de los medicamentos y tratamientos, el sistema de pensiones (que tiene mucho en común con el modelo colombiano), la corrupción en la clase política e, incluso, por la constitución Política, redactada bajo la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Amnistía Internacional reveló que luego de un mes de protestas, se registraron 12.547 heridos, 1.980 heridos por armas de fuego, 347 heridos con lesiones oculares y la muerte de al menos 38 personas.
En cuanto a los daños económicos, estos se estimaron en más de US$3.300 millones y se perdieron cerca de 300.000 puestos de trabajo; el peso chileno sufrió una fuerte devaluación, pues pasó de $713 a $838 en un mes, y la economía perdió 1 punto porcentual de crecimiento del PIB.
¿Qué lograron los chilenos?
Piñera decidió hacer un acuerdo nacional de tres puntos, sin embargo, la más trascendental, una nueva Constitución. El resultado más importante de las protestas giró en torno a la convocatoria para definir si los chilenos querían una nueva constitución, para reemplazar la de la dictadura.
El plebiscito, aplazado por la pandemia, se desarrolló en octubre del año pasado y fue aprobado por 5,8 millones de chilenos (el 78 % de los votantes), que decidió que la nueva redacción debería estar a cargo de 155 convencionales constituyentes, quienes serán elegidos el sábado 15 y domingo 16 de mayo de 2021.
Por su parte, tanto el oficialismo como la oposición siguen haciendo campaña a favor y en contra de una nueva Constitución. A pesar de que se logró llegar a un acuerdo para elaborar una nueva Carta Magna, ambos sectores políticos parecen no tener el respaldo de parte de la ciudadanía, que pide a gritos cambios estructurales en el sistema.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, cuenta con apenas un 6% de aprobación de acuerdo con la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), el valor histórico más bajo de un presidente chileno, desde la creación de esta fundación.
¿Y entonces qué cambió en tres meses de protestas? El eje de la discusión política cambió. Todo se discutía desde la factibilidad económica. Ahora se consideran los temas de justicia y equidad; las instituciones están en crisis de legitimidad por la crítica ciudadana; el mundo de la política también salió de su burbuja y empezó a darse cuenta de que se necesita una renovación.
Ahora los chilenos están más conscientes de los problemas sociales y de desigualdad. Han adquirido un grado de conciencia mayor del que tenían. Hoy la queja es contra el abuso bilateral, es decir, donde hay víctimas y victimarios.
La Constitución tiene que ver con los derechos sociales, ya que el texto constitucional consagra un «Estado subsidiario» que no provee directamente las prestaciones que tienen que ver con salud, educación o seguridad social, sino que esta provisión queda en manos privadas.
La privatización fue uno de los pilares del modelo de Pinochet: en su Constitución política, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos privadas. También hubo una fuerte privatización en áreas como la educación y la salud.
Una de las demandas de los manifestantes fue que el Estado tenga una mayor participación e involucramiento en la prestación de los bienes básicos.
Casi 15 millones de personas están habilitadas para elegir en el plebiscito de este domingo entre el «apruebo», dando luz verde al proceso constituyente o el «rechazo», dejando la institucionalidad tal cual está. Pero más allá de si votan «apruebo» o «rechazo», los y las votantes deberán elegir qué tipo de órgano debería hacerse cargo de una nueva ley fundamental para el país.
Chile despertó
`Chile despertó’ usado en las manifestaciones es la mejor frase que representa lo que pasó en el país hace un año.
En los estadios de fútbol y en un festival de música se han escuchado gritos pidiendo la renuncia del presidente Piñera.
Cuando todo inició el cambio de Constitución no estaba dentro de las posibilidades, sin embargo, se fue dando con el pasar de los días al darse cuenta de que cambiando leyes podían lograr respuesta del gobierno a sus demandas.
La Constitución vigente fue impuesta en 1981 por la dictadura de Pinochet en un país dominado por el miedo y la represión. Instauró un modelo económico, político y social neoliberal que abrió paso a una educación y salud privada, para los que podían pagarlas y, un sistema de pensiones basado en el ahorro individual que el año pasado entregaba pensiones de 110.000 pesos (140 dólares) a los más pobres. Tras el estallido social, éstas fueron reajustadas en un 50% por el gobierno de Piñera.
Hasta el momento, los mecanismos que permiten la existencia de sistemas de salud y educación para ricos y otros para pobres siguen intactos.
Algunos ciudadanos consideran que no ha habido soluciones de fondo, solo se han ido apagando incendios pequeños, pero el tema de fondo es que el capitalismo está más vivo que nunca.
Hace un año, centenares de miles de chilenos se lanzaron a las calles de todo el país para pedir mejoras en salud, educación, pensiones y salarios entre muchas otras.
Chilenos a las urnas
Este fin de semana los chilenos acudirán a las urnas para elegir a los 155 constituyentes que redactarán la nueva Constitución con la que el país espera construir un nuevo pacto social tras un largo y complejo periodo de protestas.
Después de una postergación de cinco semanas debido a un alza en los contagios de coronavirus, se concretará la considerada como la elección más importante en 31 años. Una Constitución, considerada como el principal obstáculo para alcanzar una mayor igualdad social.
Más de 1.300 candidatos compiten por convertirse en constituyentes, en una elección que por primera vez en el mundo se realizará bajo criterios de paridad de género e incluye 17 cupos reservados para los pueblos indígenas.
«Es una elección simbólicamente tremendamente importante», en términos de la esperanza que abre de construir un nuevo pacto social, dijo Carmen Le Foulon, coordinadora del Área de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP), en una conferencia de prensa con corresponsales extranjeros.
También se elegirán gobernadores regionales, alcaldes y concejales, en votaciones que tradicionalmente anticipan los resultados de la presidencial que esta vez será solo meses después.
No hay encuestas que anticipen el resultado de la Constituyente por su carácter inédito, la gran cantidad de candidatos y las dificultades para la toma de muestras.
Además, la campaña electoral ha resultado interrumpida por las duras restricciones a la movilidad impuestas ante el incremento de los contagios de coronavirus en Chile. Aunque esta cita electoral se realiza con más del 46% de la población objetivo ya vacunada contra el covid.