By La CIDH tiene una agenda de defender la protesta y atacar a la fuerza pública
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó desde este lunes 7 de junio para escuchar y recibir información de distintos sectores que han visto afectados sus derechos básicos en el marco de las protestas que iniciaron el pasado 28 de abril.
Aunque su tarea pretenda ser objetiva y escuchar a los afectados y víctimas de las protestas sin distinguir entre clase, ideología o posición frente al paro nacional, todo indica que el trabajo ya tiene una línea editorial muy definida: destacar los abusos policiales y replicar las acusaciones relacionadas con la “opresión del Estado”, sin pruebas y sin un trabajo investigativo sobre los hechos.
Diversas personas, organizaciones y gremios empresariales han querido hacer sus denuncias sobre cómo les ha afectado el paro por parte de quienes están realizando los bloqueos, saqueos de sus negocios, actos de vandalismo, desmanes y terrorismo urbano; sobre las grandes pérdidas que este paro y sus patrocinadores han ocasionado a la economía del país, la pérdida de empleos, el aumento de la pobreza y el desprestigio que le han causado de una de las democracias más largas y estables del hemisferio.
Sin embargo, los comerciantes, los familiares de las policías, los trabajadores, empresarios y demás personas afectadas, están viendo que la CIDH tiene un sesgo para invisibilizarlos y escuchar solamente las versiones de aquellos que fueron afectados por la fuerza pública.
Solo por poner un ejemplo: en el formato que se debe llenar para exponer su caso ante la CIDH, cuando se busca seleccionar el hecho victimizante al que ha sido afectado, solo se hace referencia a hechos de violencia cometidos por miembros de la fuerza pública y ninguno a hechos cometidos por participantes o infiltrados de las protestas.
Otras acusación fue de la líder indígena, Diana Perafán, quien menciona que su intento de denunciar los secuestros a los que ha sido víctima su comunidad por parte de quienes realizan estos bloqueos, no tuvieron recepción. Su percepción es que todo este trabajo de escucha ya estaba orquestado entre la CIDH y otras organizaciones, como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, para seguir deslegitimando a la fuerza pública y “generar un Golpe de Estado”. Solamente recordemos que la reputación de este colectivo de abogados ya ha estado en entredicho, por ejemplo al haber presentado falsas víctimas en la masacre de Mapiripán de 1997.
Al final, todo parece indicar, que la intención del CIDH es fortalecer la deslegitimación del Estado y el actual gobierno, calificándolo de totalitario e intolerante con las expresiones ciudadanas que, a su vez, son pintadas como acciones espontáneas de la ciudadanía completamente pacíficas; obviando contextos tan obvios como que la gran mayoría de las acciones de la Fuerza Pública fueron y están encaminadas a sofocar los hechos de violencia que suceden en un gran número de estas protestas, por unas minorías malintencionadas que tienen el objetivo de hacer el papel de víctimas, mientras señalan a la policía como sus victimarios. Tiran la piedra y esconden la mano.
No es nuestra intención sostener que la protesta es violenta, solo mencionar que su perpetuación ha afectado el corazón y la sangre del país, a las empresas y a los trabajadores; tampoco es nuestra intención sostener que no ha habido abusos policiales durante todo este tiempo, pero sí cuestionar los argumentos de quienes sostienen que esto es una política sistemática del Estado, sin mostrar una sola prueba de ello.
Nuestra intención es que la CIDH escuche todas las versiones, sobre todo las de aquellos que no marchan, que deben trabajar para traer todos los días comida a la mesa de sus familias y que se han visto afectados por todos estos desmanes, bloqueos y anarquía en las calles que días antes eran pacíficas.
https://twitter.com/DianaPerafanCau/status/1402453363619422213 (Twitter de Diana Perafán)
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