By NUEVA REFORMA TRIBUTARIA
La falta de consenso político y el inicio de las protestas sociales llevaron al presidente Iván Duque a retirar el pasado 2 de mayo el proyecto de reforma tributaria que buscaba tapar el hueco fiscal que dejó la pandemia. En esa ocasión, se buscaba un recaudo de 25,4 billones a través del aumento de impuestos de renta a las personas naturales y un costo mayor del IVA a los productos de la canasta familiar. Nueva reforma tributaria.
Después de dos meses de consenso con distintos actores de la sociedad como empresarios, jóvenes, líderes sindicales, representantes de la academia, partidos políticos y exministros, el Ministerio de Hacienda se presentó este martes el ‘Proyecto de Inversión Social’ que buscará ahora recaudar 15,2 billones de pesos.
Con esta nueva reforma tributaria., que se radicará el próximo 20 de julio en el Congreso, el Gobierno busca hacerles frente a tres desafíos: atender a los más vulnerables, sostener las finanzas públicas e impulsar el crecimiento económico a la par que se reduce la tasa de desempleo. El objetivo es garantizar soluciones en torno a lo social, lo económico y lo fiscal, y beneficiarán a cerca de 11,6 millones de colombianos. Se logrará reactivar la economía, la sostenibilidad fiscal y habrá mayor inversión en nuestro país.
Aun así, la pregunta es de dónde saldrán los recursos. Según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, estos 15,2 billones saldrán principalmente de lo que aporten las empresas, es decir, a través del impuesto sobre la renta, esto teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países dentro de los miembros de la Ocde que tiene la tarifa más alta en el impuesto sobre la renta a las empresas, pues mientras que en 2020 la tasa que se pagaba en el país era de 32%, el promedio en la Ocde fue de 22% y en pares regionales, como Chile y México, tenían tarifas de 25% y 30% respectivamente.
Por otro lado, se plantea un plan de austeridad en el que el Gobierno se apretará el cinturón en 1,9 billones de pesos y de la lucha contra la evasión.
El aporte de los empresarios será esta vez importante para financiar los programas sociales. Adicional a esto, el documento preliminar indica algunos puntos que permitirán la reactivación económica, como que cada año tenga tres días sin IVA o que se financie el déficit operacional derivado de la pandemia de los sistemas integrados de transporte masivo.
Así, cerca al 30 % de los 15,2 billones que la reforma recaudaría provienen de ahorros en temas de funcionamiento y mayor control fiscal. Esta cifra (4,6 billones en total) no alcanza para cubrir los problemas de ingreso que enfrenta el gobierno nacional. Sin embargo, este tipo de gestos legitima la iniciativa.
El restante 70 % del recaudo esperado proviene de las empresas. Los empresarios comprendieron que usar los ingresos provenientes de la clase media (impuestos) durante la crisis más severa de la historia del país podría ser contraproducente política y económicamente.
Por eso, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) propuso que el peso del ajuste tributario recayera sobre ellos. Así pues, la propuesta actual desmonta parte de las medidas aprobadas en la “Ley de Crecimiento” del año 2019, dejando el descuento del ICA en el 50 % y aumentando la tarifa corporativa del 30 % al 35 %. Una sobretasa de 3 puntos al sistema financiero complementará el recaudo.
Aun así, en la iniciativa se mantendrán algunos beneficios de la ley de crecimiento, como aquellos de contratación de jóvenes, economía naranja, renta exenta de 0% para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques. Nueva reforma tributaria.
Respecto a la austeridad del gasto público, en la reforma se plantea que a partir de 2023 los gastos de las nóminas financiadas con el Presupuesto General de la Nación no crecerán sin afectar el poder adquisitivo de los funcionarios.
Sin embargo, también sería prudente revisar gastos como la creación de entidades con un objetivo temporal que nunca se cumple y siempre está en ejecución como por ejemplo la “Corporación nacional para la reconstrucción de la cuenca del río Páez y zonas aledañas Nasa Kiwe”, la cual aún aparece en el Presupuesto General de la Nación con una partida de 19.268 millones de pesos.
Eso es lo que llaman inflexibilidad a la baja del gasto. También es inflexibilidad en el gasto la creación de entidades que cumplen funciones asignadas a otras o que son completamente inocuas o ambas cosas.
La nueva reforma tributaria también habla de que se limitaría la adquisición de bienes y servicios a aquellos que son estrictamente esenciales, recortando gastos de telefonía móvil, viáticos, arrendamientos y vehículos, entre otros. Igualmente, se reducirán anualmente las transferencias a cargo de la Nación, salvo las del Sistema General de Participaciones, los aportes a la salud, a las universidades y a las pensiones.
También se controlarán y se disminuirán los gastos relacionados con los contratos de prestación de servicios o nóminas paralelas. Es de tener en cuenta que, esta modalidad ha sido denunciada en varias oportunidades, pero en la actualidad se sigue utilizando ese sistema de contratación en diferentes entidades del Estado, que pasa por encima de normas y sentencias emitidas por la Corte Constitucional, según las cuales el Estado no puede contratar por prestación de servicios para hacer labores permanentes de una entidad.
Frente a la lucha contra la evasión, se plantean recaudar 2,7 billones de pesos. En ese sentido, la transformación de la factura electrónica y a la georreferenciación serán importantes para lograr detectar el valor real de los inmuebles.
Lo bueno y lo malo de la nueva reforma tributaria
Expertos en la materia que analizan el panorama como Lina María Ortiz, abogada consultora en impuestos sostiene que “los riesgos serían principalmente que seguirían pendientes las necesidades de financiación del Estado y la nota de Colombia podría seguir cayendo ante las calificadoras de riesgo. Sin embargo, podría brindar la oportunidad de reducir los gastos innecesarios del Estado y nos daría tiempo como sociedad para ponernos de acuerdo sobre cuáles son las medidas que queremos adoptar, permitiría un mayor control social al poder ser discutida más ampliamente”.
Jorge Armando Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional aseguró que “no es tan bueno que se apruebe algo ahora. Elevar el recaudo en una situación como la actual, en general no es bueno”. Para él, las oportunidades que hay de que se dilate la discusión sobre una nueva tributaria incrementa las posibilidades de encontrar consensos para una reforma integral.
Desde la visión de Olga Lucía González, directora encargada del departamento de Derecho Fiscal del Externado, entre los principales riesgos está que entre más se demore en ser aprobada la reforma más tardaría el recaudo esperado porque las “leyes tributarias solo pueden aplicarse a partir del periodo fiscal que comience después de la promulgación de la ley”.
Es decir, si se hacen modificaciones al impuesto de renta en 2021, estos tendrían efectos para el año gravable 2022 y por ende el mayor recaudo se reflejaría en 2023, año en el que se deberán declarar y pagar las obligaciones tributarias del periodo impositivo de 2022, explicó González.
Por otro lado, la posible pérdida del grado de inversión por parte de Fitch y la rebaja de la nota de Moody’s, como ya sucedió con la pérdida del grado de inversión de Standard & Poor’s, tendría entre sus efectos que haya menor confianza de los inversionistas en Colombia, un dólar más caro y financiación del país a tasas más altas por mayor riesgo de impago.
Las ayudas y su costo
- Ingreso Solidario
El programa se ampliará en 200.000 hogares, para llegar a 3,3 millones. Los nuevos beneficiarios serán más de 700.000 personas, para llegar a 9,8 millones de personas. Este año se están destinando 2,1 billones de pesos, y en el 2022 costará 6,6 billones, para 8,7 billones de pesos en total. Se espera reducir la pobreza extrema hasta el nivel anterior a la pandemia: del 15,1% registrado en el 2020 por la pandemia a 9,6%. La pobreza total debería reducirse de 42,5 a 34,2%.
- Subsidios de empleo:
Se dará un subsidio del 25% de un salario mínimo para jóvenes de 18 a 28 años, no necesariamente en su primer empleo. Se busca atender el pago en pensiones, cajas de compensación y riesgos laborales.
La meta es beneficiar a unos 188.000 jóvenes, y reducir el desempleo de este grupo social de 23,9% en pandemia a 15,8%. Para el resto de la población, se dará un subsidio equivalente al 10% de un salario mínimo que permitirá cubrir cerca del 40% de la seguridad social de los trabajadores. Se espera beneficiar a 271.000 personas.
Los dos subsidios recuperarían 500.000 empleos y se volvería al nivel de desempleo previo a la pandemia. El apoyo al empleo está costando 236.000 millones de pesos este año y en el 2022 costará 573.000 millones.
- Apoyo a la nómina (Paef):
El programa se extiende por seis meses, hasta diciembre de 2021. Se concentra en la micro y pequeña empresa, y también incluirá a las personas naturales que tengan más de dos empleados. Se benefician 400.000 empleados y 55.000 empleadores. El programa cuesta 1,1 billones de pesos.
- ‘Matrícula cero’
Se ampliarán los recursos para dar ‘matrícula cero’ a 695.000 estudiantes de pregrado en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica de instituciones de educación superior pública. El programa cuesta 700.000 millones por año y beneficiará a 11,6 millones de personas.
Al sumar las demás transferencias, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Devolución de IVA y Colombia Mayor, se cubrirá a cerca de 25 millones de colombianos, es decir, la mitad de la población.
